Por qué es importante la reglamentación de la Ley 27.669 para a la industria

La reglamentación de la Ley implica la apertura definitiva del mercado interno y externo de la cadena del cannabis, como así la posibilidad de comercialización de los productos.

La Ley 27.669 establece el Marco Regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial. Con esta ley se busca la promoción y el desarrollo de la cadena productiva sectorial en todo el país.

Fue aprobada el 26 de mayo de 2022 y, desde entonces, la sociedad espera con ansias su reglamentación definitiva por parte del Poder Ejecutivo nacional que, se estima, suceda en las próximas semanas. ¿Qué implica que una ley sea reglamentada? Según el profesor en Derecho Constitucional de la UBA, Dr. Félix V. Lonigro, reglamentar un derecho implica ponerle límites a su ejercicio y reducirlo a un ámbito más acotado. “El objetivo de esa reglamentación es asegurar el orden en la convivencia social, para evitar que el ejercicio de los derechos por parte de unos, interfiera en el de otros; ello sin perjuicio del acceso a la justicia que siempre tiene a su disposición quien, a pesar de la existencia de leyes reglamentarias, sufran la afectación en el ejercicio de algún derecho o libertad”, explica.

Entonces, alcanzar la reglamentación de la Ley 27.669 significa su aplicación definitiva en todo el territorio y la conquista final de los derechos contemplados para todos los miembros de la República Argentina, conforme a las condiciones y requisitos previstos por ella.

Creación y competencias de la Ariccame:

Entre los puntos más destacados de la Ley se encuentra la reciente creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), un organismo descentralizado cuya órbita de trabajo se emplaza en la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación. Tiene autarquía administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional; cuenta con un Directorio representativo de diferentes sectores de entendimiento en la materia, como así representantes de cada provincia. Además, una vez reglamentada la Ley, tendrá competencia para controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de la planta de semillas del cannabis y de sus productos derivados, incluyendo las líneas genéticas de cáñamo con fines industriales.

A partir de la estimación de que el cannabis se vislumbra como otro «commodity» de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne, la Ley contempla el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis -es decir, la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición- por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales. En otras palabras, la nueva normativa promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, como así estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena. Con ello, se busca el “desbaratamiento del mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad, y terminar con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad», como surge en el texto publicado en la Ley. Este último aspecto, asimismo, tiene el fin de preservar la calidad de vida de los pacientes y la efectividad de los tratamientos médicos a partir del cannabis.

Desde 2019, San Juan toma la decisión política de invertir en esta incipiente industria de impacto mundial, con el fin de brindar oportunidades genuinas de trabajo y desarrollo productivo y empresarial de agentes involucrados en la materia. Si bien todo el trabajo que desarrolla CanMe está enmarcado en Ley 27.350 de Cannabis Medicinal, esta nueva normativa implicaría la apertura de nuevas etapas de producción a gran escala y la elaboración final de los productos derivados.